Es habitual que grandes corporaciones industriales o
financieras acusadas de delitos como explotación o lavado de dinero, aporten
dinero para causas humanitarias, científicas o de bien público en general.
¿Qué debe hacer una ONG cuando tiene la posibilidad de
recibir fondos de una empresa cuestionada? ¿Certificar la pureza del donante o
recibir el dinero sin importar de donde venga siempre que no haya presiones indebidas
respecto del funcionamiento institucional, asumiendo el costo de lavar la
imagen de una empresa? El debate es relevante en momentos en que muchas ONGs
quedan limitadas a intervenciones minimalistas o meramente testimoniales por
falta de fondos.
Un ejemplo famoso en Argentina de este dilema es el del
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que hace décadas tiene como
importante fuente de financiamiento las donaciones de la Fundación Ford,
señalada históricamente por sus vínculos con el nazismo y, en nuestro país,
acusada de haber instigado el secuestro y desaparición de obreros de su planta
automotriz durante la dictadura.
Aunque sin grandes escándalos que perjudicaran al conjunto,
la mayoría de los organismos de Derechos Humanos siempre ha criticado duramente
al CELS por su vínculo con la Fundación Ford, señalando la contradicción que
surge de recibir fondos para investigar delitos de lesa humanidad de parte de
quienes muy probablemente los hayan promovido.
Desde el CELS, en respuesta, argumentan que los aportes de la
Fundación Ford permitieron la creación del archivo más completo del país sobre
delitos de lesa humanidad, que contiene datos sin los cuales no se hubiera podido
denunciar, juzgar y condenar (muchas veces con el propio CELS como querellante)
a numerosos responsables de crímenes atroces.
¿Ustedes qué opinan?
Publicado por Matías Smecuol
